El prisionero del Ubérrimo

Por: Arleison Arcos Rivas

La Corte Suprema de Justicia adelanta en el momento el proceso de instrucción en el que Álvaro Uribe Vélez, Senador y expresidente, se enfrenta a pena por haber sido acusado del delito de manipulación de testigos. Aunque sorprende que su destino judicial vaya a ser resuelto por el que parece el más leve entre las centenas de acusaciones y notificaciones de actuación contenciosa en su contra, proferidas por distintos juzgados y tribunales, no lo es en asunto de poca monta; pues irá preso con total certidumbre.

Al menos así será según lo que sabemos de la reciente sesión de la Sala de Instrucción del organismo rector de la justicia en Colombia en cuyo seno la medida de aseguramiento domiciliaria o intramuros está en calurosa discusión. Lo que pareciera estar claro, de acuerdo con las fuentes con tal infidencia, es que no cabe duda de la ocurrencia del ilícito. Pese a que el abogado Jaime Granados haya presentado una serie de aclaraciones frente a tal interpretación, dos hechos llevan a esta afirmación.

La primera conjetura se desprende del hecho de que el abogado Diego Cadena haya sido formalmente imputado de fraude procesal y soborno en actuación penal por la Fiscalía, lo cual habría ocurrido con ocasión de su labor como defensor del señor Uribe Vélez, para lo que habría aportado varios cientos de millones a cambio de testimonios favorables, aunque el abogado los declara como ayuda humanitaria a exparamilitares.

El segundo indicio lo aportan precisamente las justificaciones presentadas por el penalista Granados, quien pese a afirmar que “no corresponde ejercer la Defensa de los abogados CADENA y SALAZAR” decide adelantarse a aclarar que “se están haciendo afirmaciones que no corresponden a la verdad” en asuntos que serán evidentemente indagados en el caso del señor Uribe Vélez.

Es evidente que lo preocupante para el abogado es que pueda predicarse del defendido lo mismo que del defensor; esto es, que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en mayoría de cuatro encuentre que Uribe haya coludido con Cadena. Tal presunción se desprende de un tercer e irrefutable hecho: que previamente la Corte no sólo desestimó las acusaciones contra el Senador Iván Cepeda, sino que por las pruebas y evidencias soportadas vinculó a Uribe Vélez como posible responsable de los delitos de soborno y fraude procesal.

Si bien la Corte tendrá que esclarecer la veracidad o no de los testimonios ofrecidos por los testigos, no resulta para nada comprensible, ni en lo político ni en lo jurídico, que con los mismos argumentos elementos periciales el defensor sea encarcelado y el defendido quede libre. Aunque hay precedentes bochornosos en Colombia; entre ellos los más descarados conocidos como Yidispolítica en el que se comprobaron delitos y se declararon penas para una parte mientras a los otros actores gubernamentales inicialmente no se les ponderó culpables.

En igual sentido, todavía produce vergüenza la actuación lesiva a la justicia en el denominado Proceso 8.000 que comprobó el pago de una campaña presidencial con dineros de narcotráfico, sin que fuese juzgado el candidato para el que tales dineros se movieron; situación bastante similar a la actual Ñeñepolítica que ha puesto en evidencia el movimiento de gruesas cifras aportadas por el narcotráfico para afianzar la diferencia de votos tras la victoria del actual presidente.

Con todo, no parece posible que esta vez el ciudadano Álvaro Uribe Vélez se salve de tener que atender este proceso en un establecimiento carcelario o confinado a su finca del Ubérrimo como medida de detención preventiva, pues con ello la Sala estaría enviando el insostenible mensaje de que existen personas intocables contra las que resulta imposible actuar en derecho, situación abiertamente inaceptable.