Por: Diana Lorena Montaño Riasco  

 

Hace 10 años, Catalina Filoteo Riascos, fue engañada por la monja Libia Londoño Mira, quien haciéndose pasar como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) retuvo a cuatro de sus hijos, llevándolos a un lugar de acogida en el municipio de Guapi para ser atendidos por una Madre sustituta. Catalina pasaba a visitarlos, tratando de iniciar los procedimientos para llevarlos nuevamente con ella, pero sin saber leer ni escribir, y mucho menos conocer quien le apoyara a defender sus derechos como madre, sólo pudo ir a visitar a sus hijos algunas veces, luego se le colocaron restricciones para continuar con sus visitas, hasta que finalmente su hijo menor se fracturo un brazo, y como ella narra en su derecho de petición interpuesto al ICBF “se le hizo el traslado hacia el municipio de Popayán, con la intención de prestarle los servicios de salud requeridos, (…) y aprovecharon para llevarse a los demás menores”[i].

El caso de Catalina no es una situación sui géneris en Colombia, aunque parezca que las historias de terror protagonizadas por monjas son tema de la ficción, en el país estas escenas de robo, retención y ocultamiento de menores a sus madres y padres, ha sido una tendencia en alza, aunque soterrada por los medios de comunicación y discursos oficiales. A mediados de los años setentas se dieron reportes de niños que fueron tomados por el ICBF porque sus madres los dejaban al cuidado de otras personas mientras adelantaban sus tareas laborales. En el mes de Julio de este año, se reportó el caso de la familia Chaparro Villabuena, como fue arrancado de su hogar en San Gil, sin su consentimiento, su bebe de pocos meses de nacido, detallando la complicidad del defensor de familia con el ICBF de la zona[ii]. Así las cosas, quienes se ven más afectados por esta práctica irregular son, tal y como lo expreso una de las personas entrevistadas en el programa la otra cara de la adopción de Séptimo Día “el 98 % de los usuarios del ICBF de escasos recursos y analfabetas”[iii].  En pocas palabras, las familias de la clase obrera colombiana.

Los menores de edad no son regresados con sus familias, al contrario, se ha vuelto tendencia el abrirles procesos de adopción, incurriendo en procesos irregulares e ilegales, en tanto, según reafirmó en el 2016 la sentencia T- 119 “la adopción es una medida de protección al menor para garantizar su derecho a tener una familia (..) que pretende que el menor que no tiene padres pueda hacer parte de una familia”[iv]; de modo que dar en adopción a un menor cuyos padres no han cedido su custodia, han insistido en volver a llevar a casa a sus hij@s, y además han sido engañados en su buena fe, es un acto delictivo, que debería estar siendo investigado, para que los culpables sean castigados y se repare a las familias víctimas. 

No obstante, son pocos los casos investigados como prácticas irregulares del ICBF, casi todos son enterrados gracias a trámites burocráticos y engorrosos, o por la carencia de medios económicos para adelantar una querella por parte de las familias. Por esto, el caso de Catalina no ha logrado sino respuestas negativas a sus derechos de petición, donde se le ha indicado que sus cuatro hijos ya han sido adoptados, y con ello, ella ha perdido la patria potestad “y todos los derechos relativos al menor de edad, y conforme a la ley ya no existe parentesco alguno con el niño, niña o adolescente a quien se le reestableció su derecho a tener una familia por medio de la adopción”[v].

De manera que la ley designa cuándo se rompe con los vínculos maternos o paternos, anulándolos y negando su existencia, cualquier parecido con el sistema esclavista colonial no es pura coincidencia, sino una herencia arraigada en la legislación de la actual república, particularmente, en la normatividad que supeditan el bien común frente al bien particular, según las ganancias económicas que la actividad sobre la que se legisla proscriba. Concretamente, los costos de la adopción[vi] en el 2019 oscilaban entre $14.252.000 para familias interesadas en Colombia, quienes deben pagar desde la evaluación de idoneidad, procesos administrativos hasta acciones de seguimiento post adopción, hasta  $ 25.685.440  para familias extranjeras, quienes sólo costean los trámites administrativos, y es que tal y como expreso Lucía Ramírez “Colombia es uno de los que más entrega niños en adopción a extranjeros en el hemisferio y principal proveedor en el mundo”[vii].

En el 2010 se reportaron en Colombia 3.058 menores de edad adoptados, aún no hay certeza si fue ese año en el que se llevó a cabo la adopción irregular de Damaris Betancur Filoteo, Jessica Viviana Filoteo Riascos, Freider Filoteo Riascos y Kevin Fernando Betancur Filoteo. Es un caso llenó de incertidumbre, por un lado, desde el dolor y desasosiego de una madre, que continúa buscando contactarse con sus hijos desde el día de su retención ilegal. Por otro lado, por una entidad pública como el ICBF que no agota todos los procedimientos para poder retornar a los menores  a su hogar o conceder la custodia a un tutor de la familia mientras estuvieron en el municipio de Guapi; y finalmente, un Estado que se ha ensañado con alejar a los madres y padres de sus hijos a razón de su situación económica, sin cuestionar el modelo económico capitalista salvaje que lleva año tras año a la precarización de la  calidad de vida de miles de familias colombianas.  Por ahora, les insto a mantenerse en la lucha por hacer visible el delito de la adopción irregular, y  a quienes defienden estas causas a apoyar estas familias con la respectiva asesoría jurídica que se requiere, en tanto que como se reconoció en Chile en el 2008 “la sustracción de menores debe considerarse un crimen de lesa humanidad”[viii].

[i] Derecho de petición No. XX Interpuesto en el 2020 ante del ICBF

[ii] Denuncia de  Shirley Villabuena y Anderson Chaparro sobre el robo de su bebe Cristo Emanuel Chaparro Villabuena https://www.facebook.com/SeptimoDiaTV/posts/en-el-municipio-de-san-gil-el-icbf-sigue-haciendo-de-las-suyas-como-si-nada-a-pe/2742462995858996/

[iii] La otra cara de la adopción. Séptimo día https://www.caracoltv.com/septimo-dia/capitulos/la-otra-cara-de-la-adopcion 

[iv] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-119-16.htm

[v] Respuesta  E34767375-S del ICBF al Derecho de petición interpuesto Catalina

[vi] Información analizada de los costos del proceso de adopción facilitadas por las

IAPAS (Instituciones autorizadas para desarrollar el programa de adopción en Colombia) https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/costos_instituciones_autorizadas_enero_30_2019.pdf

[vii] La otra cara de la adopción. Séptimo día https://www.caracoltv.com/septimo-dia/capitulos/la-otra-cara-de-la-adopcion  

[viii] https://www.ciperchile.cl/2014/06/16/las-adopciones-ilegales-o-irregulares-constituyen-un-delito-permanente/

*Foto de Jessica Viviana Filoteo Riascos y Freider Filoteo Riascos, hijos de Catalina Filoteo Riascos