Por: Arleison Arcos Rivas

Estoy completamente de acuerdo con quienes insisten en que es urgente abrir las escuelas para que niñas, niños, jóvenes y adultos realicen su derecho a educarse en escenarios que favorezcan el mejoramiento de sus competencias; asunto que ocupa hoy a expertos en producir cifras, que incluso afirman pérdidas irreparables en el avance de la escolaridad en el mundo. El problema es saber si contamos con las condiciones efectivas para que estudiantes, trabajadores y docentes regresen seguros, no enfermen ni mueran.

Más allá de las preocupaciones por la calidad de los aprendizajes, asunto que consideraré en otro momento; durante este periodo en el que dos años escolares han continuado e iniciado afectados por la presencia sostenida de un virus que impacta a toda la población mundial, los gobiernos han sido alertados respecto de las precarias condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de sedes educativas públicas, cuya infraestructura presagia ruina, resulta inadecuada o no se encuentra en condiciones siquiera aceptables para desarrollar las actividades educativas, a consecuencia del descuido y la falta de inversiones oportunas que se han acumulado por décadas.

Peor aún, la constricción domiciliaria de la población en edad escolar demostró que países como Colombia han sostenido una fractura clasista en el aseguramiento de la conectividad y la implementación tecnológica, propiciando la desconexión, con subregistro, de unos cien mil estudiantes en la ruralidad y en las ciudades, entre los más de 9,4 millones de matriculados en el país.

Junto a la baja letalidad infantil y juvenil registrada en las estadísticas pandémicas, se argumenta que resulta necesario llevar a las niñas, niños y jóvenes a las aulas porque se han incrementado dinámicas sociales que les hacen víctimas especiales del abuso y maltrato sicológico, la violencia en el hogar, el trabajo infantil, la retención y reclutamiento por actores armados y el abuso y acosos sexual; a lo que se suma el que los negocios del entretenimiento lujurioso han incrementado su segmento juvenil incorporando ilegalmente menores de edad de todos los géneros, gracias al anonimato domiciliario de las páginas only fans.

Así pues, que niñas, niños, jóvenes y adultos retornen a las aulas es un impostergable que pone de presente la irrenunciable garantía del derecho a la educación con calidad y en las mejores condiciones posibles. Sin embargo, ello no tiene por qué significar riesgo para la salud y la vida, siendo que se ha desaprovechado un año entero para concentrar de mejor manera el presupuesto educativo nacional en la atención a condiciones estructurales que deben enfrentarse para que el servicio educativo público satisfaga los estándares básicos y los mínimos protocolos de bioseguridad recomendados, así como debe contribuir a fortalecer el desarrollo de competencias y habilidades para la vida con la instalación y mejora de servicios tecnológicos e informáticos de alta eficiencia.

De hecho, mientras se acusa a la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, de no querer que el magisterio regrese a clases presenciales o en la llamada alternancia; se evidencia que sus argumentos no han sido tomados en serio por el gobierno nacional y las entidades certificadas. Tal como UNESCO y la OMS han exhortado a implementar, la FECODE ha insistido en que el gobierno se responsabilice de las partidas necesarias para el fortalecimiento de las instituciones educativas y garantice a las y los estudiantes los requerimientos de conectividad, equipos, guías, correos pedagógicos y dispositivos necesarios. Sumado a ello, la Unión Sindical de Directivos Docentes, USDE, ha manifestado en diferentes momentos la urgencia de mejorar las condiciones tecnológicas de las instituciones educativas e incluso los equipos domiciliarios con los que cuentan docentes y directivos, los cuales han sufrido desgaste intenso al haberlos dispuesto voluntariamente para apoyar y garantizar la prestación educativa en casa durante todo el 2020 y lo que va del presente año, sin que las y los maestros hayan recibido auxilio alguno para la cobertura de sus necesidades informáticas y el pago por el incremento de servicios domiciliarios.

Como hemos manifestado en varias columnas de DIÁSPORA, consideramos un impostergable que la población escolar regrese a las aulas. Sin embargo, tal expectativa gubernamental hoy todavía es improbable y no considera los continuos anuncios estatales de nuevas cepas y variantes del virus y las crestas y oleadas epidémicas que han obligado a nuevas medidas de aislamiento y contención en las principales ciudades. Tampoco considera que, aun ante el anuncio de la disponibilidad de vacunas, el gobierno nacional no ha planteado que la población en edad escolar y sus maestros sean prioridad en el primer grupo de beneficiarios para que puedan retornar seguros a las aulas, lo que supone la ruptura de las denominadas “burbujas sociales” que refrendan la confianza y el control de las condiciones de contagio.

De hecho, la experiencia de los países que han reiniciado y vuelto a cerrar o limitar a determinados grupos etarios la apertura de sus sistemas de escolarización debería resultar aleccionante para un país como el nuestro. Mientras España, Francia y algunos estados en la USA presentan intermitencia en las medidas tomadas, que disminuyen a medida que su población está siendo vacunada y se contratan nuevos maestros para atender grupos con menos estudiantes en aulas y edificios con óptimas condiciones; Colombia, sin universalización de vacuna a la vista, ha autorizado el funcionamiento en alternancia de sedes educativas privadas y presiona para que en marzo lo hagan las instituciones públicas de educación básica, media y superior, sin afectar las relaciones técnicas de estudiantes por docente, retirando el límite de aforos en estas edificaciones y disminuyendo a 1 metro el distanciamiento mínimo en las aulas.

Con angustiosa terquedad las y los rectores han hecho frecuentes declaraciones públicas sobre las deficitarias condiciones de las baterías sanitarias, la ventilación inadecuada de las aulas los frecuentes fallos en el fluido eléctrico, la insuficiencia en la provisión de agua, la carencia de sistemas de disposición de residuos, el desabastecimiento de insumos de aseo y limpieza, entre otros. También es cierto que se debe sumar a los actuales problemas para retornar con seguridad y en condiciones garantistas el porcentaje aún no informado de maestras, maestros y directivos con preexistencias médicas, comorbilidades y afectaciones en su salud que imposibilitan su presencia en las aulas, complicando aún más el diseño de programas para la alternancia y la presencialidad bajo la amenaza de contagio masivo.

Con todo ello lo que se advierte, más que el interés gubernamental por haber aprovechado el tiempo asignando recursos, dotando las aulas y mejorando la infraestructura pública educativa, es que se quiere el regreso de niñas, niños y jóvenes a las escuelas para disminuir la tensión que su presencia en las aulas genera al sector productivo en tres vías:

En principio, el cuidado de más de nueve millones de escolarizados reclama la presencia en el hogar de al menos uno de los padres, madres o acudientes, lo que genera la compresión de la demanda laboral y eleva los costos laborales por menor disponibilidad de al menos el 25% de la fuerza ocupable, especialmente la femenina, como registran las estadísticas de desempleo. Aunque no hay un dato riguroso, el que de los 4,8 millones de empleos perdidos en la pandemia se haya podido emplear a menos de 2 millones de personas mientras ha disminuido la búsqueda de empleo da luces al respecto; siendo que se debe considerar, además, el efecto comercial negativo de los nuevos cierres y cuarentenas, la implementación de toques de queda y las medidas de pico y placa ordenadas por las Alcaldías que igualmente desestimulan el ritmo de la empleabilidad formal, elevando la informalidad y la ocupabilidad desregulada e informal en casa: “Los hombres cuentapropia en la informalidad la han jalonado; hoy están más o menos en el mismo nivel prepandemia; las mujeres quedaron rezagadas las mujeres del sector informal, pues a estas alturas, con los colegios y escuelas cerrados, no les han dejado otra alternativa que quedarse en la casa a cuidar a los hijos y a otras personas que necesitan ayuda en el hogar», afirmó recientemente el director del Observatorio Laboral del Externado de Colombia.

En segundo lugar, el mercado educativo se encuentra prácticamente bloqueado a consecuencia de que colegios privados y públicos trabajando en virtualidad y con materiales digitales disminuyen la dependencia de textos, útiles y materiales didácticos que constituyen un porcentaje significativo de la canasta familiar y de los ingresos de los comerciantes. Los ingresos por este rubro han caído entre el 60 y el 80 por ciento, según registra FENALCO, registrando una marcada disminución al inicio de los dos calendarios escolares existentes en Colombia: “ “la temporada escolar siempre ha sido un gran salvavidas para el comercio al inicio del año, pero 2021 es particularmente diferente y está marcado por los efectos generados por la pandemia del Covid-19, que ha llevado a la alternancia en el sector y a que las exigencias de útiles escolares sea menor a lo que habitualmente se pedía”, afirma su director en Antioquia.

La tercera razón, no menos importante, se relaciona con el hecho de que niños y jóvenes de todos los estratos fortalecen los altos niveles de consumo de productos diferentes a los tecnológicos e informáticos hoy en furor, focalizados hacia su sector poblacional. El mercado necesita activos, interactuando y en movimiento a más de nueve millones de escolares y tres millones de universitarios usuarios de transporte privado y público, asiduos visitantes de centros comerciales, obsesivos compradores de alimentos industrializados, snacks y productos azucarados, frecuentes clientes de almacenes de calzado, ropa, accesorios y demás bienes de consumo, servicios identitarios y satisfactores etarios que pesan significativamente en el circuito comercial.

Que las escuelas abran sus puertas de nuevo para que las y los estudiantes retornen no sólo es deseable sino necesario. Sin embargo, el único costo que importe en esa decisión no puede ser el comercial y productivo, definitivamente.