Por: Rudy Amanda Hurtado Garcés

La propuesta de reforma tributaria conocida como la “Ley de Solidaridad Sostenible” que presentó el gobierno del presidente Iván Duque Márquez del Partido Político Centro Democrático, pretendía erradicar la pobreza en Colombia mediante la creación del Programa Ingreso Solidario, según lo planteado en el proyecto de ley. Adicionalmente, la reforma proponía dejar exentas a las empresas privadas de pagar los aportes a los sistemas de salud y pensiones de sus empleados, incluso excluía a las empresas del pago de aportes parafiscales y la obligatoriedad de afiliar a sus empleados a las Cajas de Compensación Familiar. La pretendida reforma expuesta en 330 páginas es la racionalidad y la lógica actual del gobierno, racista, patriarcal, neoliberal y antipopular. Sería inconsecuente Duque y su gabinete al plantear una reforma tributaria por fuera de este marco ideológico y político, que ha caracterizado a los gobiernos burgueses que han gobernado por más de 200 años el Estado colombiano, ¿Qué otra cosa esperar? Crear más programas similares a familias en acción y jóvenes en acción, más impuesto a la clase obrera, proletaria y trabajadora, era la oferta de reactivación económica que el gobierno de Duque y los Partidos de gobiernos le brindaban a las familias más empobrecidas del país, mientras generaba todas las condiciones materiales, legales, para subsidiar y privilegiar a los ricos, al capital privado, a las distintas fracciones de la burguesía y quedar bien a nivel internacional ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  

Las oposiciones a la propuesta de gobierno estallaron en fuertes oleadas de protestas iniciadas el pasado 28 de abril en todo el país, siendo el bastión de la protesta la ciudad de Cali, la Avenida Simón Bolívar en la altura de Puerto Rellena, resignificado por la movilización como Puerto Resistencia se convirtió en el lugar emblemático de la indignación popular y periférica, allí se divide la ciudad en dos, de la Simón “para allá” viven los ricos y de la Simón “para acá” viven los empobrecidos, allí no había nada que perder, estaba todo por ganar. Esa fue la consigna que movilizó y paralizó al país para que el gobierno retirara del congreso la nueva reforma.

Frente a la incapacidad de dar con argumentos el debate ideológico y político, una de las características esenciales que define al actual gobierno es la represión, la coerción violenta no se hizo esperar, el lenguaje, la respuesta fue reprimir la protesta utilizando la fuerza pública, doctrina utilizada como único recurso de los gobiernos antipopulares. Producto de la intervención militar, según la Organización Defender la Libertad, hay 21 homicidios, 503 detenidos en su mayoría de manera arbitraria, 10 casos de violencia sexual, 208 heridos (18 con lesiones oculares) y 42 abusos y agresiones a defensores de DDHH y reporteros independientes. Hoy se encuentran las principales ciudades del país intervenidas militarmente.

Tras cinco días de excesos policiales violentos ordenados por el presidente de Colombia y comandante supremo de la fuerza pública, éste mismo solicitó el domingo 2 de mayo al Congreso de la República “el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto producto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”. Debemos alertar que el consenso que propone el actual gobierno es un pacto entre “los mismos de siempre”, el entendido que el discurso presidencial es fiel a su lógica hegemónica, diálogo con empresarios, los partidos de gobierno, alcaldes, gobernadores y líderes empresariales. No podemos olvidar el mensaje que envía sobre la racionalidad de la nueva propuesta de reforma que presentará el gobierno es que los ricos financien programas de asistencia social a los más empobrecidos.

Ahora, llega un nuevo escenario para el debate, el partido de gobierno quiere reelegirse en las próximas elecciones presidenciales y sabe que además de la coerción necesita de los subsidios del consentimiento, y que la única carta que tienen es llegar a la periferia del país con programas sociales, que la corrupción de la compra de votos y del sistema electoral no será suficiente para ganar las próximas elecciones. Contexto que exige la conformación inmediata de un consenso nacional-popular antirracista y feminista con vocación de poder que permita derrotar en las urnas, con el voto, a los ricos, a las empresas privadas, a los partidos de gobierno, derrotar el hambre, la guerra, necesitamos quitarle el Estado a la burguesía, materialicemos un Estado antirracista, feminista y popular.