21 de mayo de 2026

Por: Federico Pita[i]

 

A 175 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, el intelectual y dirigente afrocolombiano Melquiceded Blandón Mena traza una radiografía descarnada del racismo estructural, los límites del multiculturalismo neoliberal y las deudas históricas del Estado con los pueblos negros. Referente del radicalismo negro contemporáneo y actor clave en la construcción de una agenda antirracista dentro del progresismo colombiano, analiza los avances y límites del gobierno de Gustavo Petro, el papel estratégico del antirracismo en la campaña de Iván Cepeda y la disputa por construir un nuevo horizonte político donde la justicia racial deje de ser periférica y pase a organizar el proyecto de país.

En el marco del Día de la Afrocolombianidad, conversamos con Melquiceded Blandón Mena, una de las voces más influyentes del Movimiento Negro contemporáneo en Colombia y referente central del pensamiento político afrolatinoamericano. Politólogo, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia e intelectual orgánico del Proceso de Comunidades Negras (PCN), editor general del portal de opinión Diáspora.com.co y actor clave en la articulación entre movimiento social, producción teórica y disputa institucional, Blandón Mena se ha consolidado como uno de los principales impulsores de una agenda antirracista orientada a transformar estructuralmente el Estado colombiano. En un momento atravesado por la campaña presidencial de Iván Cepeda y por el debate sobre el lugar del antirracismo dentro de un posible segundo ciclo progresista, hablamos sobre la actualidad del movimiento afrocolombiano, los logros y deudas del gobierno del cambio, los desafíos estratégicos de las luchas negras y las posibilidades de construir un nuevo horizonte político en Colombia desde la justicia racial.

Este 21 de mayo se conmemora un nuevo Día de la Afrocolombianidad. ¿Cómo lees hoy la relación entre la abolición formal de la esclavización y las persistencias contemporáneas del racismo estructural en Colombia?

A 175 años de la abolición legal de la esclavitud, hay que decir que en 1851 lo que sucedió fue que el Estado les pagó a los esclavistas por la “libertad” de las personas que tenían en sus casas, fincas y minas. No hubo un proceso de libertad real, sino un negocio pagado con recursos públicos. En ese contexto, la institución esclavista ya estaba debilitada porque la gente estaba ganando su libertad de diversas maneras: comprándola, pactando con el amo o fugándose. El Estado simplemente tiró un “salvavidas económico” a las familias esclavistas.

A partir de ahí, la gente quedó a la deriva y comenzó un largo proceso de construcción de su ciudadanía y de sus territorialidades afrocolombianas en territorios ancestrales y colectivos, especialmente en el Pacífico, el Caribe y los valles interandinos. Allí recrearon sus vidas como una nación cultural, con sus propias formas de producción y participación política.

Sin embargo, en esos territorios se configuró un racismo estructural debido a la ausencia total del Estado y a un “capitalismo distorsionado” que convive con formas feudales y esclavistas. Hoy, esto se traduce en que ninguna ciudad del Pacífico tiene acueducto o saneamiento básico generalizado; la gente depende de plantas eléctricas que funcionan con combustibles fósiles y vive en condiciones de precariedad absoluta. Este abandono estatal genera graves problemas de salubridad, menor esperanza de vida y una alta tasa de enfermedades que ya tienen solución en otros lugares, pero no allí porque no hay hospitales de nivel complejo.

Colombia suele presentarse internacionalmente como una democracia multicultural desde la Constitución del 91 y la Ley 70. ¿Cuáles consideras que fueron los límites de ese modelo de reconocimiento para las comunidades afrodescendientes?

La llamada democracia multicultural es propia del neoliberalismo de la década de los 90. En lo positivo, la Constitución del 91 y la Ley 70 de 1993 permitieron garantizar un estatus jurídico a las tierras ancestrales, titulando cerca de 5 millones de hectáreas.

No obstante, esto derivó en lo que yo llamo “trampas de inclusión”. Hubo una llegada de hombres y mujeres negros a la tecnoburocracia estatal, lo que permitió el desarrollo de una pequeña burguesía o sectores con niveles de consumo que se fueron separando ideológica y políticamente de la base del movimiento étnico-territorial. Esta inclusión ha implicado una pérdida de autonomía territorial y política, ya que las dinámicas del Estado mediatizan la acción política a través del clientelismo y la lucha por recursos. Aunque figuras de nuestro pueblo lleguen a altos cargos, las estructuras reales del poder político siguen bajo el control de las familias y partidos tradicionales.

A casi cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué balance haces de los avances concretos de la agenda negra en Colombia? ¿Crees que este ciclo logró abrir transformaciones estructurales en términos de justicia racial, representación política y redistribución de poder, o todavía persisten límites importantes dentro del propio progresismo colombiano?

Persisten las mismas barreras; en cuatro años es imposible cambiar una situación histórica radicalmente. El avance más significativo ha sido en el tema de tierras (acceso, titulación y saneamiento) y en el desarrollo de proyectos de universidades propias para el pueblo negro, similares a los modelos de EE. UU. y Brasil.

Sin embargo, temas como las reparaciones históricas no lograron salir del anclaje académico a la discusión pública, nuestro primer gobierno progresista no asumió estratégicamente este tema. Nos queda el reto que el Estado colombiano haga una declaración unilateral de Estado ante la ONU reconociendo el crimen de la esclavitud de millones de personas en Colombia como crimen de lesa humanidad, que cree una Comisión Nacional de Reparaciones, anclada al Derecho Internacional con la tarea de hacer justicia reparativa con los capitales de la familias y compañías que se beneficiaron de la economía esclavista, allí hablaríamos en serio de reparaciones históricas.

El gran avance de este ciclo es en términos de conciencia popular de cambio; el gobierno de Gustavo Petro ha logrado desarrollar un campo político progresista que deja la democracia más balanceada ideológica y políticamente tras 200 años de vida republicana.

La campaña presidencial de Iván Cepeda viene instalando la idea de que “la revolución ética es antirracista”. Desde el radicalismo negro ¿Qué importancia tiene que el antirracismo aparezca como eje estratégico dentro del proyecto del Pacto Histórico?

Iván Cepeda tiene una particularidad muy importante: él lee todos sus discursos en plaza pública, y lo hace porque entiende que eso hace tránsito hacia compromisos concretos con las comunidades y sectores políticos. Al hablar de una revolución antirracista, estamos ante una categoría muy grande donde caben muchas cosas, pero lo fundamental es que implica un compromiso real para profundizar las reformas que transformen la vida de la gente negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.

Para nosotros, esa revolución ética nace de cosas básicas e impostergables: no es concebible que tras 200 años de vida republicana, la gente en el Pacífico y el Caribe, aún no tengan agua potable, ni alumbrado eléctrico. Resolver eso es parte del cambio estructural. Pero también hay una dimensión simbólica y del lenguaje que es vital; es necesario transformar la forma en que el Estado se relaciona con los pueblos étnicos y con las mujeres. Hemos visto “ligerezas” incluso en el gobierno actual que terminan reproduciendo el racismo en los discursos públicos y en los medios, y esas formas, que parecen nimiedades, alimentan estereotipos que luego generan violencia.

Por eso, la revolución antirracista debe operar en dos niveles: el nivel estructural de la inversión en obras públicas prioritarias para nuestros pueblos y el nivel del relacionamiento participativo. Esto incluye saldar deudas históricas como la reglamentación e implementación total de la Ley 70 de 1993, que después de 30 años sigue incompleta. El reto ahora es llenar de contenido ese antirracismo, integrando las agendas de las mujeres negras, los sectores urbanos, los trabajadores, la juventud, el movimiento étnico-territorial, los etnoeducadores, los artistas, entre otras agendas antirracistas de nuestros pueblos.

Desde Diáspora.com.co vienen impulsando una intervención político-cultural muy fuerte. ¿Qué papel juega hoy la comunicación en la construcción de una conciencia antirracista y en la disputa por el sentido común en Colombia?

La comunicación es central; está cambiando radicalmente la forma de hacer política en los tiempos contemporáneos. Es un campo donde tenemos que profundizar nuestra acción, concentrar recursos y poner un foco estratégico desde la acción política.

Un ejemplo concreto de esta disputa es lo que ha pasado con la representación en el Parlamento. Históricamente, las curules afro en la Cámara de Representantes estuvieron bajo el control de la derecha y de proyectos de ultraderecha vinculados al paramilitarismo. Sin embargo, recientemente vimos un fenómeno innovador: un youtuber de sectores populares, Óscar Benavides, logró arrebatar ese control y obtener las dos curules gracias a un trabajo muy fuerte en redes sociales y videos críticos. Esto demuestra que, mediante estrategias de comunicación modernas, sectores populares de nuestro pueblo pueden recuperar el control de sus propios espacios de representación política.

En cuanto a Diáspora, es un proyecto que nació hace seis años con el propósito de mantener viva la opinión política escrita. Nuestra apuesta es analizar el acontecer político nacional e internacional a través de un lente afrodescendiente. No ha sido un camino fácil; la sostenibilidad de un proyecto así es compleja porque cuesta mantener una diversidad de plumas —escritores y escritoras negras— en un género, como la columna de opinión, que todavía necesitamos desarrollar más en las nuevas generaciones.

A pesar de las dificultades para mantener la periodicidad y el flujo en la escritura, nosotros no declinamos. Mientras muchos proyectos editoriales nacen y mueren rápido, Diáspora se mantiene firme con el plan de seguir fortaleciéndose para intercambiar lo que pensamos y asegurar que nuestra perspectiva política tenga un lugar permanente en la disputa por el sentido común.

[i] Politólogo (UBA). Especialista en afrodescendencia, raza y racismo. Fundador de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR). Activista antirracista afroargentino. Negro de conciencia.