Por: Jonh Jak Becerra Palacios [*]

Muchas veces me he formulado la misma pregunta —¿por qué no hay economía negra en países como Colombia? —. Y cada vez que la repito, no encuentro una ausencia casual, sino el resultado histórico de una arquitectura de desposesión […]. No es un vacío: es una consecuencia.

Uno de los problemas estructurales que atraviesa al pueblo negro en Colombia es la carencia de una economía propia —autónoma, articulada, con vocación colectiva—, a diferencia de contextos como Estados Unidos o Brasil, donde existen organizaciones empresariales negras que no solo acumulan capital, sino que producen dirección política y sentido económico. Allí, la economía no es únicamente transacción: es estrategia, es comunidad, es poder.

Cuando observo experiencias como cámaras empresariales negras, alianzas económicas o plataformas financieras diseñadas para cerrar brechas históricas (…), comprendo que no emergen de la nada: son la expresión material de una conciencia colectiva. Una conciencia que ha entendido que la libertad sin base económica es una ficción funcional al sistema.

En contraste, en Colombia, la historia del pueblo negro ha sido intervenida violentamente. Antes de la irrupción del paramilitarismo —esa maquinaria de despojo articulada con sectores de la élite—, en territorios del Pacífico existían formas orgánicas de economía comunitaria. No eran modelos idealizados: eran prácticas concretas de subsistencia, intercambio y sostenimiento colectivo. Recuerdo a mi abuela comerciando en su pueblo —Campo Bonito Quíbdó Chocó—; allí, la economía no estaba separada de la vida, era la vida misma.

Pero esa estructura fue fracturada —no solo territorialmente, sino simbólicamente—. El desplazamiento forzado no solo nos arrebató la tierra: nos desarticuló como sujeto económico colectivo. Nos empujó hacia ciudades estructuralmente antinegras, donde la sobrevivencia reemplazó a la autonomía, y el individuo aislado sustituyó a la comunidad organizada.

La Ley 70 de 1993 reconoce derechos territoriales, sí —pero ¿de qué sirve la tierra sin capital, sin infraestructura, sin condiciones materiales para producir? —. Tenemos territorios productivos sin financiamiento, sin vías dignas, sin acceso real a salud o educación de calidad. Esto no es una falla administrativa: es racismo estructural operando con precisión.

Aquí es donde la reflexión debe volverse incómoda —y profundamente crítica—. No basta con señalar al sistema externo; también debo interrogar nuestras propias fracturas internas. La desconexión con filosofías propias —afrocentradas, panafricanistas— ha debilitado nuestra capacidad de construir proyecto económico. Hemos sido empujados —y en parte hemos cedido— hacia lógicas individualistas, donde el “éxito” personal se presenta como avance colectivo (…). Pero no lo es.

El panafricanismo plantea una premisa fundamental: la liberación negra exige base material —cooperación económica, circulación interna de capital, acumulación colectiva—. Sin esto, todo reconocimiento es superficial, toda inclusión es decorativa.

En Colombia, aún estamos lejos de esa realidad. Seguimos insertos en una lógica donde se celebra la presencia de personas negras administrando estructuras que no controlan —<representación sin poder>—, mientras la base económica continúa intacta en manos de las mismas élites. Se nos ofrece visibilidad en lugar de autonomía. Por eso insisto —y me insisto—: sin reconstrucción comunitaria, sin reapropiación de nuestras cosmovisiones económicas, sin articulación colectiva del capital, no habrá transformación real. La economía negra no es un lujo ni una aspiración abstracta —es una condición de posibilidad para la dignidad.

Y mientras no comprendamos eso en toda su profundidad —¡¡en toda su urgencia!!—, seguiremos preguntándonos lo mismo, atrapados en un círculo que no es casual, sino diseñado.

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Jonh Jak Becerra Palacios: Activista antirracista.