Las denuncias por inasistencia alimentaria aumentan cada año en Colombia, entre 2024 y 2025 más de 30.000 casos llegaron a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. No es solo una estadística judicial, revela una problemática estructural del país: el abandono de menores de edad, adultos mayores y exparejas que tienen el derecho a esta asistencia económica de la cual depende su bienestar y garantía de derechos.

Las víctimas crecientes de este delito son los menores. El ente investigador señala que los padres – hombres son los principales victimarios alcanzando un 85% de los indiciados por este delito. Esta vulneración afecta también de manera negativa a las madres de esos hijos, quienes para proveerlos de sus necesidades deben trabajar horas extraordinarias, relegar el cuidado de su hogar, y colocar en un segundo plano su crecimiento profesional o laboral y su proyecto personal.

Este contexto configura una flagrante y sistemática violencia contra la mujer. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer desde 2016 en un documento interpretativo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer señaló que la negación del dinero para la manutención de ellas y de sus hijos constituye una violencia basada en género que el Estado debe perseguir y condenar.

Sin embargo, en este ámbito se ha presentado un injustificado incumplimiento por parte del Estado colombiano. Está documentado que entre 2010 y 2020 solo hubo condenas en el 3% de las denuncias presentadas por inasistencia alimentaria. El mismo aparato jurisdiccional se convierte en violentador de las denunciantes, que, en muchos casos, deben optar por dedicar el tiempo y asumir el desgaste judicial que implica un proceso de esta naturaleza, o cumplir con sus obligaciones laborales y del hogar.

Aunque la inasistencia alimentaria es una conducta con consecuencias civiles y penales; y cada vez la legislación establece nuevas penalidades como la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), que afecta el historial crediticio y restringe la posibilidad de hacer tramites y contratar con el Estado, esto no parece haber generado un cambio efectivo en la disminución de la comisión de este delito, pues cada día crecen exponencialmente las denuncias y demandas asociadas a la inasistencia alimentaria.

Pese a ello, continúan tramitándose en el Congreso de la República iniciativas para restringir los derechos de quienes son presuntamente responsables de inasistencia alimentaria. La congresista Jennifer Pedraza presentó un proyecto de ley que busca prohibir el ingreso a eventos masivos a personas inscritas en el REDAM. La justificación es que sí no hay dinero para cumplir con las obligaciones alimentarias, pues tampoco debe haberlo para el disfrute.

Enhorabuena esta iniciativa; la nación colombiana debe avanzar en materia legislativa e institucional para que la inasistencia alimentaria sea considerada una conductas lesiva e irreparable para el bienestar de las personas más vulnerables de la sociedad.