11 de diciembre de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

La historia política institucional de Gustavo Petro ha estado atravesada por la férrea lucha contra la corrupción. Las denuncias parlamentarias que él abanderó le mostraron al país algunas de las mayores empresas criminales de saqueo de los recursos públicos. Sin duda, haber ayudado con sus investigaciones como congresista a judicializar las élites involucradas en el Cartel de la Contratación de Bogotá y la Parapolítica lo catapultaron como un protagonista en el combate contra el mayor flagelo que aqueja a la nación.

Los votantes de Petro a la Presidencia de la República no dudaban de que su cuatrienio se caracterizaría por la transparencia. Sin embargo, los hechos son tozudos, y las situaciones de presunta corrupción que han acontecido en este gobierno son la prueba irrefutable de que en Colombia la corrupción se deriva de la misma arquitectura institucional; y que es tan estructural, que se requieren profundos cambios para erradicarla.

Petro lo entiende bien. Ha expresado como técnicos del Ministerio de Hacienda pueden mediante el manejo del software de la entidad cambiar de manera imperceptible el destino de inversiones fundamentales para cualquier sector del Estado. De igual manera, como entramados de contratistas se quedan con la totalidad de las licitaciones de entidades camuflándose en una y otra forma jurídica.

El Estado colombiano lo erigieron para robárselo. Intentar cambiar esa condición pone en alerta a las élites que bloquearán cualquier intento. El saqueo de los recursos de la salud y el inexplicable manejo de recursos públicos por parte de las EPS no pudo ser reformado por Petro. El presidente se está quedando sin tiempo para intervenir ese sector; y otros tantos que como Ecopetrol, las Fuerzas Armadas, las cárceles son hoy controlados por procedimientos instaurados que favorecen a históricos contratistas y élites.

El tamaño de la corrupción en el Estado es tan mayúsculo que las acciones en un solo gobierno son ínfimas. Lo ocurrido en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) demuestra que si bien se esfumaron cuantiosos recursos en este Gobierno; lo que ha ocurrido en anteriores periodos presidenciales a la sombra de los medios y del escrutinio público es un saqueo billonario.

Petro ha dado pasos en el combate contra la corrupción; pero algunos de sus funcionarios no caminan en esa misma dirección. Por esta razón, se requiere que el proyecto anticorrupción que encarna este Gobierno alternativo pueda tener continuidad en otros y otras que profundicen sus acciones. Es fundamental que opere la justicia y que la ciudadanía organizada ejerza un permanente escrutinio sobre la acción institucional.

Entretanto; es fundamental que sea una realidad para lo que resta de este Gobierno, que quién actúe de manera contraria a los principios por los que se hizo elegir Petro en materia de corrupción sea retirado de inmediato. Un proyecto de cambio real no puede darse el lujo de dejarse permear por la criminalidad del saqueo a los recursos públicos.