11 de diciembre de 2024

Por: John Jairo Blandón Mena

La reducción del 66% que contempla el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2025 presentado por el Gobierno Nacional al Congreso es un completo e inaceptable adefesio. Pasar de 1,3 billones en 2024 a 480 mil millones para el próximo año, no solamente debe tener preocupados a las federaciones, ligas, deportistas y a toda la estructura deportiva del país, sino a la sociedad en general; porque las inversiones que se resten en materia de educación, deporte, ciencia, tecnología y cultura se le suman a la violencia en los territorios más distantes del país.

El Gobierno del Cambio autodestruye lo que debería ser su principal legado de devolverle la dignidad a la nación, al desfinanciar en una proporción histórica al sector deportivo de Colombia. De manera equivocada, el mismo presidente Gustavo Petro en la posesión de la actual ministra de Deporte hace unos cinco meses dio la explicación de esta decisión. El primer mandatario ese acto solemne pronunció estas palabras “no veo la bondad de crear este ministerio, me parece una pérdida de tiempo”.

Sin entrar en la discusión si el desaparecido Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES) cumplía mejor la función de ser el órgano rector del sector que el actual Ministerio del Deporte; hay que decir que desde el 2020 el presupuesto se duplicó con la ascensión del deporte institucionalizado de departamento administrativo a cartera ministerial.

Aunque los resultados en los Juegos Olímpicos no son los únicos indicadores. Sí revelan la existencia de una estructura fuerte desde las bases hasta la alta competencia. En esa línea, Colombia obtuvo sus mejores posicionamientos en los pódiums olímpicos en Rio 2016 y Tokio 2020; cuando la inversión aumentó significativamente respecto a Londres 2012; tras pasar de 10 mil millones en el cuatrienio 2010 a 2014; a 13 mil millones en 2014 a 2018; y a 43 mil millones en 2018 a 2022.

Por eso, le asiste plenamente la razón a los deportistas que iniciarán el ciclo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en expresar su preocupación. El deporte debería tener cada vez más recursos, incluso para garantizar el acceso de los deportistas que representan a nuestro país a los derechos más básicos. No es posible que 3 de los 4 medallistas en París 2024 no tengan una vivienda familiar. Y que el subcampeón en gimnasia olímpica tenga que entrenar en un coliseo carcomido por la humedad, las goteras y el mal estado de los implementos.

El presupuesto del sector que debería soportar el viejo Sistema Nacional del Deporte ha sido desde siempre insuficiente; y ahora más, con el recorte que plantea el actual gobierno. Siguen en un estado embrionario el avance del fomento, el desarrollo, y la práctica de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. La articulación de la institucionalidad deportiva pública con los organismos privados no es evidente, y se requiere, como en todos los países potencias deportivas, que haya incentivos para que la empresa privada ponga cada vez más recursos en el sector deportivo que se sumen a los que debe poner el Estado. La misma precariedad en el desarrollo se puede decir de la práctica de la educación física como política educativa.